Ciudadanos piden el reingreso de las busetas tras la crisis de Transcaribe.

Tras la situación que atraviesa el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM), los ciudadanos interpusieron una acción popular que fue fallada a su favor.

Con la nueva llegada del Transcaribe, varias rutas de transporte público colectivo fueron sacadas de circulación, uno de los trayectos que no volvió a operar fue la ruta 35 de Coointracar, la cual cubría los sectores de Nelson Mandela, Nazareno, La Sierrita y parte de Ciudadela 2000, por lo que los habitantes sintieron que sus derechos colectivos al acceso de servicios públicos habían sido vulnerados, pues ninguna otra ruta recorre esas calles a buen costo y con amplios horarios.

Gladis Montes Manjarrés, habitante de uno de los sectores vulnerados, interpuso una acción popular contra el Distrito, el Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM) y el Departamento Administrativo Distrital de Transporte (DATT), presentando 700 firmas de otros ciudadanos inconformes. Montes solicitó como medida cautelar que la ruta 37 Simón Bolívar - San Fernando amplíe su recorrido y se acerque a los barrios afectados, teniendo en cuenta que esta aún no ha sido cancelada y se mantiene activa.

“No existe legalmente una ruta de transporte del Transporte Público Colectivo (TPC) que preste el servicio. Los buses de Transcaribe solo llegan hasta la entrada del barrio Ciudadela 2000, dejando sin el servicio a los otros barrios”, indicó la accionante.

Agregó que la mayor parte de los miembros de estos sectores pertenecen a los estratos 0, 1 y 2, y trabajan en la informalidad.

“Esas personas se desplazan en la madrugada desde su residencia hasta el lugar de trabajo y luego finalizan su jornada de trabajo a altas horas de la noche, y por ello requieren un sistema de transporte público masivo que cumpla y se adapte a sus necesidades”, indicó.

Después de analizar las pruebas y las respuestas de las partes involucradas, el juez indicó que el servicio de transporte público es básico y esencial para la ciudadanía, por lo que el Estado debe verificar que el mismo se preste bajo medidas de comodidad, seguridad y accesibilidad para todos los habitantes.

“El SITM tiene un 92% de cobertura de la ruta 35, es decir, existe un 8% de ruta sin cobertura o con dificultades para el acceso, que conllevan al surgimiento de la prestación de servicios de transporte informales e ilegales”, señala el documento.

Aunque la acción popular interpuesta por la demandante pretende que la ruta 37 extendiera su recorrido por todas las zonas afectadas, el juez indicó que no se podía otorgar de nuevo, ya que, legalmente esa modificación no puede exceder el 10% del recorrido, así que ordenó otras medidas para solventar el problema.

“El despacho considera pertinente que el Distrito realice de manera urgente un estudio técnico sobre la necesidad de atender una demanda de usuarios insatisfecha, a fin de determinar si es necesaria la modificación de la ruta 37 para que dentro de los parámetro legales esta ruta sea la encargada de cubrir la demanda de pasajeros dejada de atender con la desvinculación de la ruta 35”, aclaró el juez.

Agregó que “mientras esto ocurre, de manera provisional y para no afectar el derecho colectivo de acceso al transporte público, la ruta 35 cubrirá ese recorrido, por ser la que técnica y legalmente se encuentra habilitada para hacerlo, garantizando la seguridad e integridad de los usuarios”.

Sin embargo, el juez ordenó al Distrito ejercer las medidas respectivas sobre los vehículos que prestan su servicio como transporte ilegal en la ruta 35 y desarrollar junto con Transcaribe un plan de mitigación para los barrios afectados, de tal manera que la cobertura del transporte sea del 100% y garantice la integridad del servicio.

Fuente: El Universal.

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